Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que el ICBF no vulneró los derechos fundamentales de las madres comunitarias, dado que no existe una relación laboral entre ambas partes. De haber accedido a las pretensiones de la demanda, el Estado colombiano hubiera tenido que asumir el pago de 11.2 billones de pesos. Este dinero se puede invertir ahora en nuevos programas sociales.

Publicado por Artículo20 en: 2018/08/22
ANADEJUR--Comunicado--2018-N