Lunes , 9 de Marzo de 2009 |
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Afirma la procuraduría que el legislador lo que hizo a través de la disposición acusada fue fijar unos límites a la facultad reglamentaria de los Concejos en materia de bahías de estacionamiento, en aras de garantizar los derechos fundamentales de las personas cuyas facultades síquicas, físicas o sensoriales se encuentren disminuidas. Considera que le asiste razón al Gobierno cuando afirma que la disposición acusada riñe con la Constitución porque si bien tales preceptos otorgan a las entidades territoriales la autonomía necesaria para ejercer las competencias que les correspondan, tal autonomía no es absoluta y, en consecuencia, sus actuaciones deben sujetarse a lo dispuesto por el legislador.
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