La iniciativa tiene por objeto “establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral del adulto mayor y su integración a la vida activa y comunitaria del país, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado”.
|
