Con el objeto de reducir la congestión judicial y brindar una respuesta efectiva a las víctimas, la iniciativa abre la posibilidad de que la acción penal también sea ejercida por la víctima o por las autoridades administrativas, en reemplazo del ejercicio de la acción penal que actualmente ejerce, de manera exclusiva, la Fiscalía. En palabras de los autores, el proyecto de ley busca establecer “las condiciones materiales y el trámite procesal en virtud del cual la víctima o determinadas entidades públicas pueden ejercer la acción penal, atendiendo de manera disyuntiva a la naturaleza del bien jurídico o a la menor lesividad de la conducta”.
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