Con el ánimo de fortalecer la justicia y brindar mayores recursos que permitan su financiamiento, el gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el nuevo proyecto de Arancel Judicial, el cual deroga la Ley 1394 de 2010 y rediseña una nueva estructura tributaria para su cobro. Co la ley en mención se pretendía recaudar 200 mil millones de pesos anuales para el sistema de justicia, sin embargo, cuando se llevó a la práctica resultó altamente ineficiente y su recaudo fue muy bajo en comparación con el esperado. La iniciativa mantiene la tarifa del Arancel Judicial en el 2% de la base gravable, y será calculada sobre las pretensiones dinerarias de la demanda. Este impuesto no cobija procesos penales, laborales, de familia, de menores, conflictos de la seguridad social, contenciosos administrativos, así como tampoco los de juicio de control constitucional, acciones de tutela y demás acciones constitucionales.
El proyecto establece que el pago del Arancel Judicial recae sobre la persona que presenta la demanda al momento de iniciar la acción judicial, no obstante podrá trasladar esta obligación a la contraparte a título de costas.
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