Lunes , 13 de Septiembre de 2010 |
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El proyecto de ley busca actualizar el Decreto 3466 de 1982 o Estatuto del Consumidor. “La anterior norma, que tiene 25 años de vigencia, no es suficiente para regular los cambios comerciales producto de la apertura económica y de la competencia internacional generada por la misma. Las relaciones del mercado y del consumo de bienes y servicios se ha globalizado y efecto de ello, el país se quedó corto en el fortalecimiento del sistema jurídico y de garantías para defender los derechos de los consumidores”, señala el autor de la iniciativa.
Agrega el autor de la iniciativa que es necesario actualizar el Estatuto del Consumidor porque “Las acciones judiciales en él contempladas son confusas y, en esa medida, inaplicables. La definición del campo de aplicación de la ley es impreciso y carece de elementos de importancia como el concepto de destinatario final. La consagración de las garantías establecidas es confusa e imprecisa, toda vez que no se sabe si son discrecionales del productor, si son obligatorias únicamente cuando son impuestas por la administración o la ley, o si se entienden incorporadas en todos los casos. Las funciones de las autoridades administrativas se limitan a la imposición de multas y órdenes de cesación de producción y comercialización de bienes y servicios y no permiten la adopción de decisiones que satisfagan las necesidades del consumidor. No se prevé nada respecto de los contratos de adhesión, las cláusulas abusivas y demás temas relacionados con la protección contractual, y no contempla alternativas para la resolución de conflictos”.
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